Tras la polémica el pasado domingo en Sena en la que los participantes sólo pudieron realizar un recorrido de 32 kilómetros y a un ritmo controlado, los organizadores quieren aclarar lo sucedido.

senator-portadaCon un comunicado conjunto por parte de los organizadores de la Senator BTT de Sena (Club Monegrosman Triatlón, Club Ciclista Sena, Ayuntamiento de Sena y la Fundación para la promoción de la Juventud y el Deporte de la Comarca de Monegros) explican que la prueba que se debía disputar el pasado domingo 14 de febrero contaba con los permisos pertinentes.

Según los organizadores, los permisos fueron concedidos por el Gobierno de Aragón a través de la Fundación para la promoción de la Juventud y el Deporte de la Comarca de Monegros. Además de la autorización por parte del Gobierno de Aragón también se encontraba el informe vinculante elaborado por la Dirección General de Trafico autorizando la celebración de la prueba, y marcando unos requisitos y condiciones para su desarrollo.

El comunicado por parte de los organizadores expone que el día de la prueba una dotación compuesto por hasta 4 patrullas de la Guardia Civil entre coches uniformados y camuflados, se personó en la localidad de Sena, requiriendo a los organizadores de la prueba el cumplimiento de todos los requisitos que marca la legislación vigente bajo la cual se amparaba la actividad, por lo que tras cumplir desde la organización con todos los requisitos y presentar los permisos y documentos requeridos, la prueba dio comienzo, hecho que no hace sino constatar, según la versión de los organizadores que la prueba contaba con todos los permisos en regla.

La nota emitida por los organizadores hace referencia a que una vez iniciada la prueba y cuando todos los participantes y organizadores estaban bajo el mando de los guardia civiles allí presentes, estos últimos dispusieron que el desarrollo de la prueba se realizase en sentido opuesto a las condiciones y autorizaciones que anteriormente la DGT había emitido.

Por parte de la organización se quiere pedir disculpas a todos los participantes y asistentes, pues a pesar de tener los permisos pertinentes no se les permitió realizar la prueba en los términos concedidos. También expresan la posibilidad, si lo estiman conveniente, de ejercer la acciones legales que estime oportunas para defender sus derechos e imagen ante los hechos ocurridos.